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Reducción a 1.000 euros la cantidad máxima de los pagos en efectivo

El Gobierno quiere acabar o, al menos, limitar de manera sensible el fraude en el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Y para ello va a aprobar un decreto ley que reducirá de 2.500 a 1.000 euros la cantidad máxima que se puede abonar en efectivo. Así se lo transmitió el pasado 30 de noviembre el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a los portavoces de diferentes fuerzas parlamentarias con los que se reunió en el marco de las negociaciones para confeccionar los Presupuestos Generales de 2017, y así lo confirmaron posteriormente fuentes del propio Ministerio de Hacienda.

La aprobación podría tener lugar en los próximos Consejos de Ministros y su entrada en vigor el próximo 1 de enero, aunque estas mismas fuentes explicaron que ese es un punto que aún no está completamente cerrado. Tampoco está claro si se aplicará sólo a las operaciones comerciales en las que intervenga al menos una empresa, tal y como se hace ahora en virtud de la ley aprobada en octubre 2012, o si se ampliará a todo tipo de pagos. De ser así, la medida afectaría también a las transacciones entre particulares.

Esa misma ley, en su artículo 7, contempla que “el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo es constitutivo de infracción”, que la base de la sanción “será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones” y que “la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25% de la base de la sanción”. Esto es, que aquellos que realicen un pago en efectivo superior a 1.000 euros deberán afrontar una multa que ascenderá al 25% de lo abonado.

Además, “serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada», por lo que «tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga”.

De esta manera, el Gobierno trató de incentivar la denuncia y disuadir a los defraudadores del IVA, y eso es precisamente lo que pretende reactivar ahora con el endurecimiento de la norma. Además, permitirá recaudar más por el citado impuesto y ayudará a luchar contra la economía sumergida.